El lunes, el presidente García admitió que podía haber similitudes entre hechos de su primer gobierno que afectaron los derechos humanos y los que se suscitaron durante el de Fujimori, anotando sin embargo que la diferencia central entre uno y otro era que en su período no se interrumpió el orden constitucional. Fue una declaración extraña, porque lo que ha llevado a la condena del ex dictador no se refiere directamente a su decisión del 5 de abril de 1992, que en todo caso profundizó una tendencia que ya venía de los primeros veinte meses de Fujimori, sino a actos específicos de asesinato, lesiones graves y secuestro, que el tribunal ha sabido distinguir del contexto en que se produjeron.
Además García no había hablado de Fujimori desde que aterrizó en Santiago de Chile, y ya coordinaba con su hija el voto en segunda vuelta y las alianzas en el Congreso. A eso le llamaron neutralidad del Estado, evitar politizar el caso y no interferir en la tarea de los jueces. Obviamente era también una manera de usar un principio equivalente al de las “cuerdas separadas”, que permitía que se pudiera llevar adelante un juicio contra un ex presidente por los peores delitos, mientras sus seguidores cumplían el papel de aliados principales del régimen bajo el cual se desarrollaba el proceso contra su líder.
¿Por qué de pronto García decide politizar el debate e inmiscuirse, respondiendo al alegato final de la autodefensa, para poner el acento en su condición de demócrata frente a quien rompió las reglas de la legalidad? ¿Qué puede indicar esto? Veo varias posibilidades: la primera es que García ya estaba al tanto de la sentencia, por lo menos en su línea básica, y quería marcar la idea de que la razón por la cual él está en el poder y Fujimori condenado a 25 años de prisión, a pesar de que los dos violaron derechos humanos, tiene que ver con el golpismo, que se ha buscado castigar, en medio de casi 800 folios y millones de palabras, y que él seguirá indemne porque es un violador democrático.
Hay una segunda hipótesis: que García está reconstruyendo o ampliando su sistema de alianzas, como se ve en el acercamiento a Vargas Llosa y la composición de la comisión para el Museo de la Memoria, y está tratando de reducir el protagonismo fujimorista, que se ha visto estimulado por las recientes encuestas, que han llevado a Keiko y compañía a reclamar prácticamente la sucesión de García. Es evidente que la valentía de la sala del juez San Martín ha alterado radicalmente el escenario político nacional. El presidente necesita ahora de otras compañías, antes que empiece una onda en el sentido de Fujimori ya pagó, ahora le toca a Alan García.
Raúl Wiener
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