La falta de pudor para pedir que la Sunat haga con el diario LA PRIMERA lo que intentó (sin éxito) hacer con el Canal 5, no es un mero acto de chantaje o una amenaza vedada que lanza el congresista aprista Jorge del Castillo contra un medio de comunicación incómodo al gobierno, pues el gobierno tiene negros antecedentes de atentados contra la libertad de prensa.
El gobierno ha apelado a maniobras técnicas y administrativas para el cierre de emisoras radiales en el interior del país, con el común denominador de que todas habían propalado información sobre protestas sociales y habían sido condenadas y amenazadas por funcionarios o legisladores oficialistas, como ocurrió en el reciente caso de radio “La Voz de Bagua Grande”, cerrada tras el conflicto amazónico.
Radio La Voz (Bagua)
El pretexto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cancelarle la licencia a radio La Voz, el 12 de junio, una semana después de los trágicos sucesos del día 5, fue que había instalado su planta en un lugar distinto al autorizado y que no cumplió con homologar la antena ni el transmisor.
Previamente, el premier Yehude Simon dijo que ese medio había azuzado a la población durante las protestas de los nativos en Bagua, zona bajo Estado de Emergencia.
Panamericana Televisión (Lima)
El sábado 30 de mayo, el presidente Alan García dijo públicamente que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) haría bien en cobrarle todas las deudas a Panamericana Televisión S.A. El lunes 1 de junio la Sunat ingresaba a la sede del Canal 5 designando a Alberto Cabello como administrador tributario, en un acto a todas luces ilegal, al punto que la operación tuvo que ser abortada y Cabello se retiró. El trasfondo del asunto era impedir la ejecución de una orden judicial que devolvía la administración del canal a sus propietarios, la familia Schütz, tras anularse la ilegal medida cautelar que había puesto el canal en manos de Genaro Delgado Parker, amigo y políticamente incondicional del presidente García.
El plan era aparentemente que Genaro manejara el canal a través de sus ejecutivos, con la cobertura de la intervención, y el pretexto para la intervención fue cobrar la deuda tributaria, algo que antes no había preocupado a la Sunat.
Radio Caplina (Tacna)
El 12 de noviembre de 2008, de madrugada, Radio Caplina de Tacna, una de las dos radios de la región que abrió sus micrófonos al reclamo tacneño de una más justa distribución del canon minero compartido con Moquegua, fue cerrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que estuvieron acompañados por un fiscal del Ministerio Público y efectivos del Ejército peruano, con la justificación de que al medio de comunicación le faltaba una licencia para funcionar.
Al parecer, la presencia de militares y no de la Policía Nacional se debió al Estado de Emergencia establecido en Tacna tras los disturbios que se dieron la semana anterior por el tema del canon minero.
Radio Cutivalú (Piura)
La negativa de Radio Cutivalú de Piura, a difundir publicidad mendaz del Ministerio de Energía y Minas sobre la controvertida consulta vecinal del proyecto minero Majaz, fue calificado por el gobierno como una infracción legal, a pesar que la emisora se amparó en que había elementos falsos en el spot que pretendía divulgar el ministerio. Por ello, la emisora fue cerrada el 24 de setiembre de 2007.
El verdadero delito de Radio Cutivalú fue ponerse del lado de las comunidades campesinas, que denuncian la ilegal operación de una transnacional minera en sus tierras, sin su permiso.
Radio Orión (Pisco)
En el caso de Radio Orión de Pisco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones retiró la autorización de funcionamiento alegando vencimiento de licencia y deudas con el Estado. Antes, el gobierno había acusado a su propietario, Eloy Yong Meza, de usar la señal para azuzar a la población contra el régimen tras el terremoto del 15 de agosto. El cierre se cumplió el 13 de septiembre en forma violenta.
El jefe del gabinete ministerial [Jorge del Castillo] alegó que Radio Orión había soliviantado a la población y que había sido notificada de la intervención porque su licencia de funcionamiento no fue renovada y Yong Meza asegura haber sido golpeado durante el cierre, que consideró una represalia.
Otros casos
El 18 de abril de 2007, las radios Áncash, Amistad y Miramar, y las televisoras Canal 15, Canal 27 y Canal 55 de Chimbote, fueron allanadas y sus equipos incautados, justo luego de una protesta popular. Estos medios de comunicación fueron los únicos que informaron imparcialmente sobre la represión contra los manifestantes.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones alegó que el cierre, por supuestas irregularidades, fue un trabajo de rutina.
Fuente: Diario La Primera
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/edicionNota.php?IDnoticia=41080&EN=1547
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