La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, dijo ayer que el gobierno tuvo que esperar la muerte de más de 30 hermanos entre policías y civiles para derogar los lesivos decretos legislativos 1064 y 1090.
Zapata señaló que el gobierno retrocedió en su pretensión de imponer los ilegales decretos, por la protesta decidida de los nativos de varias regiones del país y dijo esperar que los otros siete decretos también sean derogados.
Sostuvo que el premier sigue mintiendo porque declaró en la Agencia Andina haberse reunido con Apus de 390 comunidades, cuando en realidad habló con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPISC), base regional de Aidesep.
Indicó que el gobierno siempre reacciona de manera tardía. Recordó que Aidesep solicitó la derogatoria de los decretos legislativos el 12 de marzo, mediante una carta dirigida al Ejecutivo y al Legislativo.
“Existe tanta desconfianza en los pueblos indígenas que a veces pensamos que el gobierno quería que nuestra lucha pacífica terminé así (con muertes) para hacernos ver ante la gente como salvajes”, enfatizó.
Respecto a las declaraciones del premier, de que podría dar un paso al costado, la lideresa indígena refirió que “es el momento que el primer ministro deje el cargo, se haga responsable del costo político y de las vidas de todos los hermanos muertos y reconozca que el gobierno no acertó al intentar hacer desistir a los pueblos a través de la violencia”.
La dirigenta nativa dijo que el gobierno debe también dejar de perseguir a los cuatro dirigentes de Aidesep enjuiciados y facilitar el salvoconducto para que el líder de la organización, Alberto Pizango, pueda viajar sin problemas a Nicaragua, país que le otorgó asilo político porque el gobierno quiere encarcelarlo culpándolo de los muertos del viernes 5 de junio.
Fuente: Diario La Primera
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/se-hicieron-respetar_40490.html
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